La reciente detención y posterior encarcelamiento de varios jóvenes artistas, militantes feministas, anarquistas y ecologistas estrechamente vinculados con la defensa del TIPNIS, acusados de “terrorismo”, ha puesto en evidencia la actuación parcializada del aparato mediático estatal y la vulneración del principio “uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
¿Desde cuándo realizar grafitis es delito? El informe policial enumera una serie de actos como el pintar paredes, o pegar carteles. Algunos de los acusados son artistas de teatro que emplean mascaras de papel en sus actuaciones. Entre las “pruebas” del supuesto delito de terrorismo presentadas por el gobierno están estas mascaras, además de telas con frases anarquistas y otros materiales.
Parecería que la intención del gobierno es acallar, intimidar o escarmentar a aquellos grupos de opinión política distinta a la oficial, pues el escenario en el que se da esta nueva criminalización de la disidencia y la protesta del pueblo es el de descredito y desgaste del discurso gubernamental, ahora afanosamente empeñado en crear un enemigo interno para así distraer a la opinión pública de problemas sociales urgentes y escabrosos como el conflicto por la explotación (saqueo) del cerro MallkuKhuta por una transnacional canadiense, la marcha indígena en defensa del TIPNIS, denuncias de corrupción, etc., etc..
Una de las acusadas es madre de un bebé y cantante de género punk, actualmente detenida en la cárcel de Obrajes de la ciudad de La Paz. Otro de los acusados está recluido en San Pedro, es profesor, vegetariano y activista contra la violencia a los animales. Ambos acusados del supuesto delito de “terrorismo”.
Según la versión del Gobierno estos jóvenes serian responsables de dinamitazos en cajeros automáticos de por lo menos cuatro agencias bancarias. Bancos que por cierto, durante el gobierno de Evo Morales obtuvieron ganancias como nunca antes en la historia del país, según ellos mismos reconocen.
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